Luego de que se avanzara días atrás con la firma de un acuerdo de intercambio de información fiscal con los Estados Unidos para permitir el acceso de las autoridades a los movimientos de las cuentas de argentinos en ese país, el Gobierno nacional se apresta a colocarse, como tantas otras veces, en las puertas de lo que será una nueva medida “incoherente”.

Es que a los fines de poder hacerse de dinero fresco que le posibilite engrosar las alicaídas arcas del Estado, desde la Casa Rosada anunciaron que enviarán un proyecto al Parlamento nacional que, según describieron, “promueva la exteriorización y castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que no blanqueen” sus divisas.

Sin embargo y pese a que en cualquier otra latitud se pueda tratar de una herramienta con la que efectivamente se logre generar una fuente de ingreso extra, lo curioso es que en Argentina son sobrados los casos de funcionarios -ya sea en ejercicio o con mandato cumplido- acusados por la Justicia de haberse enriquecido indebidamente con recursos del Estado.

Sin ir más lejos, cabe mencionar que la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada la semana pasada por el Tribunal Oral Federal 2 a la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa denominada “Vialidad”, donde también recibieron condenas por hechos de corrupción otras doce personas.

Por tanto y si se tiene en cuenta que una de las principales acusadas por “administración fraudulenta” no solo ostenta actualmente el cargo de la vicepresidencia de la Nación, sino que también fue la principal responsable del armado de la coalición política gobernante, resulta cuanto menos contradictorio que mientras se celebra con “bombos y platillos” el avance de un acuerdo para indagar sobre las cuentas de ciudadanos en otro país, no se haga lo propio con más determinación tierras adentro.

¿Qué valoración se podría hacer, entonces, de un Gobierno que impulsa una nueva medida con fines recaudatorios cuando una integrante clave del mismo está apuntada judicialmente por apropiarse de recursos del Estado? ¿Cómo queda su credibilidad ante semejante contradicción?

Así como aquellas decisiones que la administración de Alberto Fernández adoptó con determinación por “única vez”, pero que sin embargo continúan reeditándose con el paso del tiempo, tales como la entrega de planes sociales, bonos, el “dólar soja” -que ya va por su tercera edición-, o los “congelamientos” de precios que en la práctica se actualizan bajo otros rótulos, este “sinceramiento” fiscal no aparentaría ser nada genuino si en definitiva el dinero recaudado para el Estado no termina siendo luego debidamente utilizado por quienes tienen la obligación de protegerlo.