La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, ofreció una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde se refirió a los temas más destacados de la semana. En ese marco, reconoció que el índice de inflación del mes de febrero (6,6%) fue “malísimo”, a la vez que sostuvo que el mismo fue impulsado, principalmente, por el aumento en carnes y telecomunicaciones.

“No hay excusas para quien va a hacer compras todos los días. El Gobierno sigue con su compromiso firme de controlar los precios para que vaya bajando la inflación”, dijo, aunque remarcó que la sequía hizo aumentar más de 20 puntos el precio de la carne, lo que influyó en más de un punto en la medición general de la evolución de los precios, mientras que en los productos que están incluidos en Precios Justos el aumento no llegó a los 5 puntos.

Asimismo, la funcionaria cuestionó que las empresas de cable, de telefonía y de servicios web siguen aumentando de forma indiscriminada el precio para los usuarios cuando todavía están vigentes las cautelares que no permiten que se aplique el decreto del Gobierno nacional que estableció que son servicios públicos, y que por lo tanto sus precios deben ser regulados.

En otro orden, Cerruti anunció que por indicación de la Casa Rosada, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentará en las próximas horas una denuncia penal contra el gerente general de la empresa EDESUR y todos los miembros de su directorio por “malversación de fondos”, “fraude en perjuicio de la administración pública” y “abandono de personas”, como consecuencia de los cortes en el suministro eléctrico registrados estos último días y, en especial, durante la “ola de calor”.

“El Gobierno le pidió al ENRE que denuncie penalmente al gerente general y a los miembros del directorio de EDESUR en los fueros correspondientes. Es debidamente justificada por lo que está sucediendo en las últimas semanas, con 75 mil usuarios que tuvieron cortes que se extendieron en el tiempo”, comunicó, quien además adelantó que también está avanzando el informe del ENRE que “pone de manifiesto todos aquellos puntos que pueden ser causales para que se le quite la concesión a la empresa” y que “es un trámite que se está haciendo con el debido cuidado y a través de los organismos correspondientes para cuidar los intereses del Estado argentino”.