La sanción de esta ley, que pasó al poder Ejecutivo para su promulgación, se dio en el medio de un conflicto que por cuestiones salariales llevan adelante los docentes y trabajadores de la salud autoconvocados, que desde hace casi un mes protestan con marchas, manifestaciones y cortes de calles y rutas.

Esta iniciativa busca, según establece su artículo primero, “conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad, tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza”.

Además, dispone que “la autoridad resguardará el desarrollo pacífico de la protesta o manifestación pública, en la medida que la misma permita el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente a los referidos a la salud, transporte público, educación y bomberos”.

Por otro lado, establece que “toda protesta o manifestación debe ser notificada con una antelación no menor a las 24 horas ante la comisaría más cercana del lugar en el que está previsto su desarrollo”, donde debe asentarse el lugar de concentración, el recorrido y la desconcentración, el horario de inicio, el tiempo estimado de desarrollo, el objetivo de la protesta o manifestación y los responsables.