Luego de que el Gobierno confirmara la baja de alrededor de 15 mil contratos en la Administración Pública Nacional que finalizaron el 31 de marzo pasado (dentro de un universo de 70 mil que continúan en estudio), se convocó a una reunión extraordinaria del colectivo de abogados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) con el fin de abordar esa situación, unificar criterios y resolver los pasos a seguir en ese ámbito.

“El nivel de ataque sobre los derechos de todas las y los trabajadores estatales es muy grave e inédito. El Gobierno ha decidido quebrantar en su parte medular el sistema jurídico vigente en nuestro país. La vulneración de garantías consagradas constitucionalmente demuestra que el accionar del Poder Ejecutivo en este momento no se corresponde con un período democrático”, manifestó al respecto el secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar.

En ese sentido, el dirigente remarcó que además de ratificar un plan de lucha creciente con medidas de acción directa que se vayan profundizando en todo el país, también convocaron a una reunión extraordinaria de sus equipos jurídicos, ya que frente a la masividad de las cesantías y los “oscuros” y “clandestinos” mecanismos para instrumentarlas, necesitan enfrentarlas de manera coordinada.

“La conflictividad en el Estado se va a agudizar rápidamente y las presentaciones judiciales deberán acompañar el proceso de lucha no solo en la defensa de los trabajadores despedidos, sino también porque las y los delegados y dirigentes sindicales van a comenzar a ser criminalizados y perseguidos”, agregó.

Tras el encuentro Mariana Amartino, quien junto a Matías Cremonte y Alexis Barraza coordinan el Equipo Jurídico Nacional de ATE, contaron que se realizó una reunión federal con el objetivo de evaluar la “inédita” y “compleja” situación política que se está atravesando en el país respecto del empleo público, y que resolvieron llevar adelante acciones para fortalecer la coordinación jurídica permanente, de manera de dar respuesta inmediata a las diversas situaciones que se vayan generando a partir de los despidos masivos en Estado.

“Estamos presenciando que no solo despiden personas que trabajan, también desmantelan políticas públicas y además hay un goce en anunciarlo, la lógica de la crueldad a pleno”, completó Amartino.