El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que presentó una denuncia ante la Justicia en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, las cuales contenían acusaciones anónimas -y otras hechas por personas que se identificaron-, quienes manifestaron haber sido amenazados con perder los beneficios de quienes reciben el Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales si no asistían a las movilizaciones.

En ese sentido y tras especificar las modalidades que utilizaban los denunciados, el escrito cita el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios que establece la competencia del Ministerio de Seguridad en todo lo concerniente a la seguridad interior, a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático.

En virtud de ello, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitó asumir como querellante contra un grupo de imputados que ya fueron identificados en la investigación, así como también de aquellos que, con el avance de la pesquisa, resulten identificados como autores, coautores, cómplices o encubridores de los delitos de amenazas agravadas, extorsión y defraudación al Estado (arts. 149 bis, segundo párrafo, 168, y 174, inc. 5to. del Código Penal de la Nación); y los que surjan con las medidas a desarrollarse en autos, como podría ser el delito de asociación ilícita previsto en el art. 210 del Código Penal de la Nación.