La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires le reclamó al Gobierno de Javier Milei que deje sin efecto la aplicación del decreto por el cual se le quita los subsidios a los servicios de luz y de gas a los usuarios de ingresos bajos y medios.

“Es una medida que provoca que miles de usuarios y usuarias caigan en lo que se llama pobreza energética, ya que quedan totalmente desamparados a la hora de pagar las facturas, lo que en un contexto de crisis y aumentos generalizados es la peor situación posible”, sostuvo el ombudsman bonaerense, Guido Lorenzino.

En su reclamo, además, el organismo también le solicitó a la Secretaría de Energía que informe la cantidad de usuarios que serían alcanzados por este esquema, que nivela desde junio a los de ingresos bajos y medios (N2 y N4) con los de ingresos altos (N1).

“Entendemos la realidad del sistema energético, pero siempre pedimos que las tarifas sean racionales y proporcionales para que las personas no sean la única variable de ajuste, sobre todo en un contexto en que la economía familiar está en jaque”, agregó Lorenzino.

Finalmente, desde la Defensoría consideraron que, con ese decreto, la administración nacional busca reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas para “trasladar los costos reales” a los usuarios, medida que se aplicará desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre, y podrá ser prorrogada una única vez.