Tras una maratónica sesión, el oficialismo logró obtener su primera ley tras 200 días de gestión luego de que la Cámara de Diputados de la Nación le diera sanción definitiva a la “Ley Bases” y a la reforma fiscal.

De esta manera, la Casa Rosada podrá contar a partir de ahora con una serie de reformas que finalmente podrá llevar a la práctica una vez promulgada la norma, entre las cuales se destacan que podrá disponer la disolución o fusión de organismos públicos; una reforma laboral que posibilitará el despido con causa justa por bloqueo o toma de empresas; la ampliación del período de prueba de 3 a 6 meses, y de hasta 8 meses en las empresas de 3 y hasta 100 empleados; la declaración de las emergencias en materia económica, administrativa, financiera y energética por un año; la autorización para la privatización total de las empresas Intercargo y Enarsa, así como también la parcial de otras como AySA, Corredores Viales y Sociedad Operadora Ferroviaria SE; y la creación de un Régimen de Incentivo para Granes Inversiones (RIGI), entre las más representativas.

Justamente, las modificaciones a los apartados más cuestionados de la iniciativa gubernamental (algunas de los cuales ya habían sido realizadas por el Senado), tales como la quita en la lista de las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino, así como también el tema de la moratoria previsional, el blanqueo y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), fueron las “concesiones” que otorgaron desde la Casa Rosada para poder asegurarse el número suficiente de voluntades al momento de la votación.

Por otro lado y respecto al paquete fiscal, el mismo tuvo más reticencia para negociar su apoyo, incluso con los denominados “bloques dialoguistas” de la oposición. Sin embargo y con el correr de las horas, se lograron obtener los consensos necesarios para que también su votación resulte favorable.

En este caso, se destaca la reinstauración del impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia que perciban $1.800.000 de sueldo bruto en el caso de los solteros y de $2,2 millones de sueldo bruto para los casados con hijos; la reforma del impuesto a los Bienes Personales (se eleva de 27 millones a 100 millones de pesos el mínimo no imponible); una moratoria para deudas tributarias, previsionales y aduaneras; y el blanqueo de capitales (no podrán ingresar funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años ni sus familiares).

Desde la Oficina del Presidente, en tanto, celebraron la aprobación de la ley y agradecieron la “labor patriótica” de los legisladores al señalar que los mismos “comprendieron la responsabilidad histórica que tenían en sus manos y aportaron su voto afirmativo, a pesar de los constantes y desesperados intentos de quienes pretenden aferrarse a sus privilegios a costa del desarrollo del país”.