La presidente del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, presentó un escrito en el que solicitó ser parte querellante en una causa en la que se denunciaron delitos de acción pública perpetrados contra la Cámara Alta ocurridos el miércoles 12 de junio pasado, en momentos que se trataba la “Ley Bases” y el paquete fiscal en el recinto.

En concreto, la presentación apunta a que se indague sobre las acciones violentas y si las mismas fueron planificadas para “obstaculizar la sesión en curso”. Además, solicitó que se investigue a qué organizaciones sociales, gremiales o partidos políticos pertenecen los agresores.

“Desde el Senado vamos a denunciar a los delincuentes que atentaron contra las instituciones de la democracia. Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional. La Argentina de la sedición y la anarquía terminó”, manifestó Villarruel.

Cabe señalar que los posibles delitos que se le imputan a los detenidos y a sus organizaciones podrían subsumirse dentro de los tipos penales de “daño agravado”, “estrago doloso”, “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional”, y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”.