Por medio de la Resolución 226/2024 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Industria y Comercio derogó la Resolución 65 del 11 de mayo de 1990 -dictada por la ex Subsecretaría de Industria y Comercio-, la cual obligaba a las empresas a presentar ante la ex Dirección Nacional de Análisis de Precios y Abastecimiento detalles de la producción de venta y existencias para el mercado interno y ventas al mercado de exportación (también exigía presentar datos de los cinco clientes principales).

De la misma manera, también se derogó la Resolución 62 del 26 de junio de 2013 de la ex Secretaría de Comercio Interior, que indicaba que los proveedores de materiales para la construcción que pretendían canjear los CEDIN originados en la Ley 26.860 debían inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción.

Finalmente, se hizo lo propio con la Resolución 176 de 2014 -también de la ex Secretaría de Comercio- que obligaba a las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles a informar mensualmente la totalidad de los planes ofrecidos en todas las modalidades posibles de prestación del servicio.

De esta manera, la eliminación de estas resoluciones reduce la burocracia estatal y simplifica los vínculos entre las empresas y la administración pública, a la vez que suprime el control abusivo por parte del Estado de las decisiones comerciales de cada empresa.

Cabe señalar que las tres resoluciones derogadas se suman a las 69 normas eliminadas por la actual administración que obstaculizaban las relaciones entre las empresas y el Estado.