La diputada provincial Gabriela Suppicich (FIT-U) presentó un proyecto de declaración en la Legislatura para expresar su rechazo a la creación del “Comando Unificado de Seguridad Productiva”, medida impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Además, anticipó el rechazo a una eventual adhesión del Poder Ejecutivo de Neuquén “por resultar violatorio del derecho a la protesta social y un mecanismo de intimidación, inteligencia ilegal y represión”.
Según mencionó la legisladora entre los fundamentos del proyecto, el Comando se creó con el objetivo de “ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país”, y menciona como zonas involucradas a Bahía Blanca San Lorenzo – Timbúes, Vaca Muerta, zonas mineras y Parques Industriales.
“El Comando esta al servició de proteger el saqueo de los recursos energéticos en la zona de Vaca Muerta en momentos que crece la producción y también la pobreza, los sismos y la contaminación ambiental. Pretenden intimidar las protestas sociales y la acción de las comunidades”, afirmó.
Vale recordar que por medio de la Resolución 893/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional creó el Comando Unificado de Seguridad Productiva con el objetivo específico de ejecutar tareas destinadas a la prevención y control del orden en los enclaves productivos del país.
El mismo estará integrado por la Secretaría de Seguridad, la Subsecretaría de Despliegue Territorial, la Dirección Nacional de Operaciones y Despliegue Territorial (o las que en el futuro las reemplacen) del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria; y por los representantes, que eventualmente se designen, del cuerpo policial de las provincias en las que sea necesaria su actividad.
“Existen sectores de la economía que, a causa de su gran contribución al crecimiento del país debido al volumen de su producción, a la magnitud de su aporte, a su conexión con los servicios públicos, a la sensibilidad del material derivado de su actividad o al alto valor de sus productos, requieren de una seguridad especial”, habían explicado sobre su creación desde la cartera que conduce Patricia Bullrich.
