A poco de que se revelara que unos 331 prófugos de la justicia en todo el país eran beneficiarios de una pensión, y de que 33 de ellos fueran puestos a disposición de la justicia y 14 hayan sido capturados en un solo operativo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) realizó un cruce de datos con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que dio como resultado que 212 titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral se encuentran en situaciones judiciales (preso, procesado y condenado) que son incompatibles para poder recibir el beneficio.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Salud de la Nación, se trata de un cruce que arroja los datos de todo el país, y de una cifra que bien podría ascender, dado que cada servicio penitenciario provincial tiene, a la vez, sus propios datos acerca de los presos, procesados y condenados de cada jurisdicción.

Es por ello que a partir de esta información se procedió a la baja directa de estos beneficiarios con el fin de proceder a devolver ese dinero a los contribuyentes.

“La ANDIS se encuentra comprometida en asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente los necesitan, y este operativo junto con las auditorías demuestran la importancia de la vigilancia para prevenir el fraude y el abuso del sistema. La situación actual exige una respuesta contundente para proteger el dinero de los contribuyentes”, se destacó en la comunicación oficial difundida por la cartera que conduce Mario Lugones.