Por medio del Decreto 6/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional resolvió cerrar tres fondos fiduciarios que, en línea con los disueltos anteriormente, registraban un mal uso de los recursos de la sociedad, así como también falta de controles y de resultados.

Concretamente, se dispuso el cierre del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social; el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU); y el Fondo Fiduciario PRODAF.

El primero de ellos, había sido creado en el año 2017 para financiar programas de vivienda social e infraestructura básica, como “Casa Propia” y “Reconstruir”. Este instrumento -de acuerdo a lo argumentado- fue utilizado con finalidades políticas y “clientelisticas” y había evidenciado irregularidades e incumplimientos. En esa línea, las Auditorias efectuadas por la SIGEN pusieron en relieve entre las principales deficiencias irregularidades en los proyectos financiados; falta de rendición de cuentas; y obras rescindidas sin que los fondos desembolsados hayan sido reintegrados al Estado Nacional, entre otros.

En tanto, el FFSU había sido creado por la Ley N° 27.078 y se nutría de aportes de los licenciatarios de servicios TIC, con servicios pagados por los usuarios, siendo que su finalidad apuntaba a favorecer un acceso más universal a las tecnologías de la información. Sin embargo, se observó que el instrumento evidenció “múltiples deficiencias” en su gestión corroboradas por los informes de la SIGEN. Entre las mismas, se encontraban la falta de un plan estratégico para direccionar inversiones acordes a los objetivos; la ejecución de programas sin prórroga formal y proyectos aprobados sin cumplir requisitos claros; y pérdidas de poder adquisitivo en las inversiones, etcétera.

Por último, se definió la disolución del Fondo PRODAF, creado por el artículo 74 de la Ley N° 26.895, con el objetivo de mejorar los ingresos de pequeños y medianos productores mediante el aumento de productividad y competitividad, con la incorporación de nuevas tecnologías, asistencia técnica, capacitación y facilitación del acceso al crédito. En este caso en particular, la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca -como Autoridad de Aplicación del Programa- informó que el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución.