El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, envió un oficio al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en donde propuso al Poder Ejecutivo una modificación normativa para reemplazar el sistema vigente de montos fijos aplicable al contrabando menor y su pauta de actualización del Código Aduanero.

De acuerdo a lo informado por el sitio Fiscales.gob.ar, el planteo tiene su origen en una presentación que fue promovida por los fiscales federales de Formosa, Corrientes, Reconquista y Resistencia, quienes pusieron de manifiesto la problemática derivada del incremento de casos penales en materia aduanera.

En ese sentido, señalaron que los montos establecidos en la ley 27.430 (que modificó el Código Aduanero en 2017) para determinar el contrabando menor han quedado “desfasados” de la realidad económica como consecuencia de la depreciación monetaria y el aumento del valor de las mercaderías.

Ante ello, los fiscales consideraron que debido a esta situación las conductas de “escasa significación económica” que antes se encuadraban como infracciones aduaneras, hoy son “criminalizadas” como delitos, lo cual desvirtúa el propósito original y sobrecarga el sistema de justicia federal con casos de menor relevancia penal.

Por tal motivo, en el oficio remitido a la cartera de Justicia se exponen diversas alternativas normativas -contempladas en proyectos legislativos y en antecedentes jurídicos- para que el Poder Ejecutivo pueda evaluar cuál se adecúa mejor a la realidad económica actual y a una política criminal efectiva en la materia.

A partir de esta propuesta, se busca garantizar un sistema normativo que se ajuste a la realidad económica y que evite la judicialización de casos que deberían tramitarse en el ámbito administrativo, lo cual permitiría al fuero federal concentrar sus esfuerzos en delitos de mayor gravedad.