Como tantas otras, en el digesto jurídico argentino existe una ley que pocos conocen ya que nunca fue aplicada en un caso concreto. Se trata de la ley 14.034, vigente desde 1954 cuando fue sancionada.

(Cuarto Intermedio – 3 de mayo de 2010)- Esa ley fue desempolvada en los últimos días por el ex comisario Miguel Angel Espósito, acusado por la muerte de Walter Bulacio, hace dos décadas, después de un recital de los Redonditos de Ricota. Y apuna directamente contra el ex presidente interino y aspirante a volver a ocupar el sillón principal de Balcarce 50, Eduardo Duhalde.En un escrito patrocinado por el estudio Argibay Molina, Espósito recordó que el 26 de febrero de 2003 fue firmado el acuerdo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que la Argentina reconoció sus responsabilidades en el “Caso Bulacio” y posibilitó “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado Argentino el 18 de septiembre de 2003 a sanciones políticas y económicas”.La denuncia explica que el Estado Argentino admitió sus responsabilidades cuando la causa penal estaba aún en pleno trámite ante la justicia local, es decir que reconoció su culpabilidad aún cuando existía la posibilidad de que ello fuera descartado en un juicio ante los tribunales competentes. Es más: la causa aún no tiene sentencia en los tribunales argentinos y está a la espera de ser debatida en juicio oral y público. El Estado argentino, a través de Duhalde, reconoció una responsabilidad que la propia justicia argentina aún no le atribuyó.La denuncia, quedó radicada ante el juzgado federal número dos, a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi. “No encontrándose prescripta la acción por el máximo previsto para la figura de que se trata, pido se inicie la acción y por le mínimo legal de la misma, se ordene la inmediata detención de todos los imputados. Para el eventual caso que alguno tuviera a la fecha inmunidad, se inicien los procesos de destitución”, reclama la denuncia. Si el juez hiciera caso al planteo, Duhalde podría ser detenido por uno de los delitos considerados, por el mínimo de la pena en expectativa, como “no excarcelables”, según una antigua concepción del derecho penal.