El dictamen de mayoría de Diputados intenta con incomprensible ahínco, volver a colocar al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación también en cabeza del Consejo de la Magistratura.Por Jorge RizzoPresidente de laOrganización de Abogados“Gente de Derecho”

(Cuarto Intermedio – 23 de junio de 2010)- En efecto, por el dictamen mayoritario, aquel que para presidir el Alto Tribunal debe ser elegido por sus pares, también automáticamente y sin participación de masa de electores alguna, se convertiría en el Presidente del Consejo de la Magistratura, convirtiendo a sus iguales en integrantes de segunda categoría que podrían aspirar, a lo sumo, a la vicepresidencia, pulverizándose así la garantía de igualdad que establece la Constitución Nacional en sus artículos 16 y 75 inc. 22 y transformando, si se acepta, al Presidente de la CSJN en una suerte de “Súper Ministro”.El proyecto de ley que oportunamente fuera presentado por nuestro Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) proponía la incorporación de un miembro de la Corte, con la exclusión de su Presidente, con el solo objeto de unificar las distintas posiciones que sostienen los sectores en pugna, pero lo hacía en igualdad de condiciones con todos los demás miembros, teniendo todos los integrantes del Consejo de la Magistratura la posibilidad de llegar a la presidencia como, integrar cada una de las comisiones.El proyecto mayoritario también propone una absurda delegación en la organización de las elecciones de los abogados de la matrícula federal y de los magistrados a dos ONG, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y la Asociación de Magistrados y Empleados de la Justicia Nacional (AMEJN), ambas Asociaciones Civiles sin fines de lucro de composición meramente voluntaria. En efecto, ni el CPACF, ni el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora forman parte de la FACA, ni muchos magistrados son socios de la AMEJN; de allí que no puedo salir del asombro ante la pretensión de conferir a estas ONG tamaña entidad y legitimación.También se insiste tanto en el proyecto de la oposición como del oficialismo, en el error constitucional de colocar como miembros del Organismo a legisladores y no a terceros que los representen, tal cual ocurre por ejemplo, en el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires.Dicha circunstancia mantiene para esos diputados y senadores miembros, la inconstitucional circunstancia de ser parte de dos Poderes Constituidos al mismo tiempo, el Legislativo y el Judicial, lo que provoca un irreparable desequilibrio de la forma Republicana de gobierno establecida en el art. 1 de la Constitución Nacional. Cabe recordar que dicha forma de gobierno determina que los Poderes Constituidos del Estado son: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin que pueda inmiscuirse uno en la competencia de los otros dos. Con la ignorada situación de mantener a los legisladores dentro del Consejo, se convierte al principio republicano en un verdadero sofisma.Sobre el particular, no es caprichosa la posición del Colegio Público y de muchos doctrinarios, en orden a que es el propio plexo constitucional en su artículo 114 segundo párrafo, el que expresamente determina que quienes integren el Consejo por el Poder Legislativo deben ser “representantes”, en cumplimiento irrestricto del principio pétreo de “forma de gobierno republicana” que establece el art. 1 de la Carta Magna Argentina.En cuanto al dictamen de minoría, expresado por los diputados que representan al oficialismo nacional, no puede dejar de advertirse que se trata de simple retórica tendiente a dilatar la cuestión, con el objetivo de consolidar la reforma que propiciara la Presidente de la Nación, en tiempos de su senaduría por la Provincia de Buenos Aires, con la ley 26.080.Ha sido el CPACF y no los que declaman palabras vacías de contenido, quien ha enfrentado esta inconstitucional reforma, con la única acción por tacha de inconstitucionalidad que aguarda ser tratada ante la CSJN, con muchísimo retraso a esta altura de los acontecimientos.Justamente por la autoridad moral que dicha circunstancia le confirió al CPACF, realizamos un proyecto de ley superador que trataba de unificar todas las posiciones y, en particular, las más gruesas diferencias entre gobierno y oposición.Entonces…¿por qué nadie ha levantado el proyecto que oportunamente acompañamos a todos y cada uno de los actores en la cuestión?Muy simple: la oposición porque solo pretende obstruir al gobierno nacional sin importarle en lo más mínimo los destinos del servicio de justicia y porque pretende la entrega en condición de sumisión y vasallaje del Consejo a la CSJN, haciendo desaparecer su razón existencial.El oficialismo, por su parte, por aplicación de los principios de Giussepe Tomasi di Lampedusa en su obra “Il Gatopardo”; atento a que realiza acciones supuestamente tendientes a la modificación del Consejo pero, en realidad, solo pretende la consolidación de la ley 26.080; mientras que la Presidente de la Nación se aprestaría para vetar la ley en caso de superar la barrera del Senado.¿Y los justiciables? Bien gracias.