Se ha dicho en este espacio que la causa por el “mobiliario urbano” es para el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, potencialmente, tanto o más peligrosa que la de las escuchas telefónicas.

(Cuarto Intermedio – 10 de agosto de 2010)- La semana pasada, el juez de instrucción Ernesto Botto rechazó un pedido de una empresa vinculada a Macri, a la que se sumó el propio gobierno porteño,  para dejar sin efecto una medida cautelar que mantiene paralizada (en teoría) la explotación de la cartelería gráfica y lumínica denominada “mobiliario urbano”. “En teoría”, porque en la realidad la explotación nunca cesó y está en manos de quienes, según la Justicia, están cuestionados por las irregularidades detectadas en la licitación.La Cámara del Crimen anuló un sobreseimiento a favor de Macri, y de otros funcionarios porteños, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, Francisco Cabrera y Pablo Tonelli, investigados todos ante la posibilidad de que la licitación para el otorgamiento de la explotación de la cartelería había sido manipulada a favor de Editorial Sarmiento, la empresa mendocina perteneciente a la familia Terranova.Botto evalúa llamar a indagatoria al ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo, y a los integrantes de la Comisión de Evaluación que participó en la licitación del mobiliario urbano. El paso siguiente podría ser el propio Macri.