La Cámara Federal de Casación Penal aceptó a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa en la que se investiga a un ex vicecanciller por presunto enriquecimiento ilícito.

La Sala Segunda revocó el fallo de la Cámara Federal que se había opuesto al pedido de la UIF en el sumario penal abierto contra Roberto García Moritán.

El ex funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a su cónyuge y su hijo, en el período comprendido entre 1999 y 2008, serían “titulares de diversas inversiones y cuentas bancarias” en el exterior “específicamente en Suiza”.

El dinero en el exterior no figura en las declaraciones juradas patrimoniales del ex funcionario.

La denuncia es un desprendimiento de otra causa penal en la que se investiga si en la sucursal Buenos Aires del BNP Paribas se administraban carteras de inversiones con procedencia delictiva, aplicadas en plazas extranjeras de la misma entidad, por un monto calculado en unos 1.000.000.000 de dólares.

Al reclamar el rol de querellante, la UIF sostuvo que “nos hallamos ante un proceso en el que se investiga el delito de enriquecimiento ilícito”, vinculado al “lavado de activos”.

Como la Cámara Federal coincidió con el juez Luis Rodríguez y rechazó la pretensión -uno de los argumentos fue la inexistencia de la UIF cuando se habría cometido el delito y falta de perjuicio directo- el organismo presentó un recurso de casación y tomó intervención la Sala Segunda del máximo tribunal penal de la nación.

Los camaristas Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Pedro David recordaron que la ley vigente establece que el Estado puede ser querellante “en todos los casos en los que esté comprometido el orden o interés público”.