El legislador vecinalista de la provincia de Córdoba, Aurelio García Elorrio, propuso un curioso proyecto de ley para establecer que los funcionarios que ocupen cargos electivos queden sujetos a un control administrativo al concluir sus gestiones.

García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) propuso que “el Estado provincial es solidariamente responsable por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones y estará obligado a promover acción civil de repetición contra los que resultaren responsables”.

Como antecedente cita el Juicio de Residencia, que representaba una investigación gubernamental sobre el desempeño público de los funcionarios españoles que acaban su actuación, y luego esta modalidad se extendió a América.

Según el proyecto, la autoridad de aplicación debe ser el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba ya que este es el encargado del control de la inversión de caudales públicos.

“Se incluye también en el proyecto la posibilidad de que toda persona física o jurídica podrá formular quejas, hacer denuncias o solicitar la investigación de hechos concernientes a la gestión del funcionario”, explicó.

García Elorrio afirmó la importancia de implementar cuanto antes esta modalidad “para aportar claridad al sistema público”.