Fue aprobada por el Senado bonaerense y girada a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

(Cuarto Intermedio – 14 de octubre de 2010)- El senado bonaerense aprobó ayer y giró a la Cámara de Diputados la ley que modifica artículos del Código Procesal Civil y Comercial para habilitar el mecanismo de subastas judiciales a través de medios electrónicos para todos los remates judiciales de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles.La iniciativa había sido enviada por el Ejecutivo provincial en un paquete de proyectos vinculados a justicia y seguridad promovidos luego del ataque sufrido por la platense Carolina Píparo en el marco de una salidera bancaria. Y era el último de esos proyectos que aún no habían sido abordados por la Cámara alta.La medida, que apunta a evitar la circulación de dinero en las subastas judiciales para prevenir posibles “salideras”, fue acompañada por todos los bloques políticos.Concretamente establece que la Suprema Corte de Justicia provincial “reglamentará el uso de medios electrónicos para el diligenciamiento de informes de dominio y de anotaciones personales”.También contempla “la anotación, modificación y levantamiento de cualquier medida que deba ser inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble, repartición que deberá prestar la colaboración necesaria para su implementación”.El Senado provincial, en su sesión de ayer, aprobó y giró a Diputados el proyecto de Ley de Turismo para la Provincia de Buenos Aires, que deroga la antigua legislación -que data de 1948- y regula la actividad, otorgando mayor acceso al crédito para el sector privado y cediendo a municipios el poder de policía para controlar la actividad.El proyecto, diseñado por la secretaría de Turismo bonaerense y aprobado por unanimidad por la Cámara Alta -sólo la Coalición votó, en particular, en contra de tres artículos-, crea el Consejo Provincial de Turismo (Coprotur), compuesto representantes municipales, operadores turísticos, entidades educativas y el Banco Provincia.El consejo tendrá por objeto “el fomento, el desarrollo, la planificación, la investigación, la promoción y la regulación de los recursos y la actividad turística”, según el texto de la norma.La iniciativa declara al turismo como actividad “de interés general”, y propone la descentralización de las facultades de control en los municipios, que además -si el Ejecutivo lo dispone expresamente- podrán cobrar las multas ocasionadas por las infracciones a la norma.