La jueza de instrucción Wilma López, quien tiene a su cargo la investigación por el asesinato del militante del PO, Mariano Ferreyra, está imputada en una causa en la que un juez colega busca determinar por qué faltaron de la caja fuerte de su juzgado múltiples elementos de prueba, y qué hacían allí 3.800 dólares propiedad de la magistrada.

(Cuarto Intermedio – 1 de noviembre de 2010)- La causa tiene seis años de antigüedad. Explotó por denuncia de la propia Wilma López, cuando descubrió que de ese lugar de máxima seguridad, en el que había dejado parte de sus ahorros, faltaba el dinero. Pero también faltaban otros elementos, que supuestamente habían sido sustraídos por uno de sus colaboradores cercanos. El empleado judicial fue exonerado y quedó sometido a una causa judicial, en la que el fiscal Alejandro Molina Pico pidió la declaración como acusada de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” de la jueza López. Tan cierto es que reviste calidad de imputada, que hasta tiene abogado defensor: el ex juez Mariano Bergés.La causa recayó en el juez de instrucción Ernesto Botto, quien se excusó y remitió el expediente a su colega Osvaldo Daniel Rappa. El pedido de declaración de la jueza nunca fue aceptado, pero lo cierto es que tampoco se produjeron otras declaraciones indagatorias puesto que previo a ello, el juzgado ordenó un relevamiento por todos los fueros para determinar si elementos de prueba de otras causas también habían sido sustraídos. Así, la causa parece encaminarse a una prescripción en un tiempo relativamente corto.