La justicia federal mendocina no para de sorprender a propios y extraños. Hay allí un cuello de botella que frena la mayoría de los juicios por delitos de lesa humanidad.

(Cuarto Intermedio – 12 de noviembre de 2010)- La explicación es sencilla: si los jueces investigaran a fondo, deberían investigarse a ellos mismos. Entonces parece haber un halo de protección corporativa a la que pese a los reiterados intentos desde el Consejo de la Magistratura y algunos medios de prensa comprometidos con el esclarecimiento de los horrores del pasado, no se ha podido vulnerar.La última novedad de ribetes poco creíbles tiene que ver con el ex camarista Carlos Pereyra González. En abril de 2009 renunció a su cargo para jubilarse, cuando saltó a la luz que había conocido (e incluso hasta presenciado) una sesión de torturas a una joven estudiante de medicina puntana, luego asesinada de un disparo en la nuca.El juez evitó el juicio político y momentáneamente está a salvo de la persecución penal. Pero la mácula que pesa sobre su pasado lo puso fuera de la Justicia. Aunque no demasiado: cuando otro juez de primera instancia, Walter Bento (quien justamente investigaba a los camaristas mendocinos sospechados por sus vínculos con la dictadura hasta que fue separado de esos expedientes) viajó a Estados Unidos como fiscal observador, Pereyra González fue convocado para volver a la actividad y reemplazarlo.Fue sólo una semana, pero no es la duración del cargo lo que preocupa sino los antecedentes del juez y de la Cámara en pleno. “Allí hay un foco de dictadura que no podemos terminar de desterrar”, confesó a Cuarto Intermedio un integrante del Consejo de la Magistratura.