Los senadores entrerrianos dieron media sanción al proyecto presentado por el kirchnerista Enrique Cresto para que una vez al año los legisladores y los jueces sean sometidos a una rinoscopia y a controles psicofísicos.

El objetivo de los controles es “corroborar su óptima condición física y mental para desempeñarse en el cargo que le fue conferido, sea por el voto popular o por designación”.

Cresto explicó que “sabemos que detrás de un adicto hay un narcotraficante”, y afirmó que si un funcionario legislativo o judicial “no pasa la rinoscopia se lo puede separar de su cargo, pero si se recupera puede volver”.

El senador consideró que el narcotráfico “en Argentina no retrocede y hay que encarar políticas para que deje de avanzar”.

Sorprendentemente, para el kirchnerista, el artículo 19 de la Constitución Nacional, que hace referencia al ámbito privado de las personas, es “un artículo que hay que aggiornar”.

“Ese principio es para el ciudadano común, no para la persona que tiene que estar en un lugar de responsabilidad”, indicó.

La norma se basa en el artículo 37 de Ética Pública de la Constitución Provincial, que sostiene que los funcionarios y empleados de los tres poderes del Estado “deben observar, en el ejercicio de sus funciones, una conducta acorde con la Ética Pública, la que constituye un valor social que hace a la esencia del sistema republicano”.