La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización no gubernamental estrechamente vinculada con la Justicia, se pronunció en contra de la designación de Roberto Carlés como juez de la Corte.

“El resultado de la audiencia pública puso de relieve la inexperiencia de Roberto Carlés para acceder al cargo de juez de la Corte Suprema”, comienza el escrito publicado por la Asociación por los Derechos Civiles.

“Sobre el derecho a la información pública de empresas en las que el Estado Nacional tiene mayoría accionaria o realiza aportes del Tesoro, el candidato manifestó no recordar los detalles de la jurisprudencia de la Corte Suprema” y “no brindó respuestas claras respecto a la necesidad de reglamentación del acceso a la información pública”.

Sobre el aborto, la ADC reprobó que Carlés desconoció “que existen varios compromisos del derecho internacional de los derechos humanos que sugieren que no se debe usar el derecho penal para criminalizar decisiones sobre los propios cuerpos”.

“El desconocimiento de estos compromisos genera responsabilidad internacional por parte de los tres poderes del Estado, incluida la propia Corte Suprema”, resumió la reprobación.

“La criminalización del aborto no sólo es una medida ineficaz para proteger al embrión, dado que no disuade a las mujeres de su práctica, sino que, además, atentan contra la salud sexual y reproductiva de las mujeres”, indicó la ADC.

El documento reprocha las posturas de Carlés sobre justicia penal indígena y la participación ciudadana en el ámbito del Poder Judicial.

“La aprobación del pliego de Roberto Carlés implicaría un incumplimiento de una norma vigente. El procedimiento de designación no cumplió la perspectiva de género garantizada por el decreto 222/03 y por tratados internacionales de derechos humanos sobre el acceso de las mujeres a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad”, resume el rechazo de la entidad al candidato del Gobierno a la Corte.