El ex juez en lo Penal Económico Carlos Liporace, condenado a cuatro años de prisión por un presunto beneficio económico a las curtiembres Yoma durante el Gobierno de Menem, sufrió un revés judicial por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó un planteo de prescripción de la causa en su contra.

Liporace fue condenado el año pasado a cuatro años de prisión por la sustracción de 8,5 millones de pesos embargados por la AFIP, que el entonces magistrado le devolvió de manera presuntamente irregular a la empresa de la familia del ex presidente Carlos Menem.

La condena contra el ex juez fue dictada por el delito de “peculado”, en una causa iniciada por la AFIP por el supuesto fraude en reintegros del IVA por exportaciones a la Curtiembre Yoma.

Las maniobras investigadas ocurrieron entre 1992 y 1997; las curtiembres fueron embargadas pero Liporace le devolvió a la empresa Yoma ese dinero, que estaba destinado a asegurar el pago de la defraudación en perjuicio de la AFIP.

Después de la condena, Liporace planteó ante la Sala Cuarta de la Casación la “insubsistencia de la acción por agotamiento del plazo razonable de duración del proceso”, lo que en los hechos hubiera significado la virtual prescripción de la causa.

Pero los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Pedro David declararon “inadmisible” el planteo y descartaron que se hubiera producido una “violación a garantías constitucionales”.

“La mera alegación de garantías constitucionales presuntamente violadas no constituye por sí misma una cuestión federal suficiente que habilite la intervención de esta Sala, puesto que todo planteo de naturaleza constitucional debe encontrarse debidamente fundado”, dijeron los jueces.

El tribunal entendió que la causa se prolongó en el tiempo debido a “la complejidad” de la causa, que “no solamente se evidencia en la cantidad de cuerpos que conforman la causa, la cantidad de medidas probatorias solicitadas y efectivizadas, la escasez de las declaraciones testimoniales o la extensión del requerimiento fiscal de instrucción y de la acusación, como pretende argüir la defensa técnica del imputado”.

La causa se extendió en el tiempo “además por la calidad de este último, quien, al momento del hecho se desempeñaba como Juez titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico”, añadió la Cámara.

El tribunal tiene pendiente aún resolver si confirmará o modificará la condena a cuatro años de prisión contra el ex magistrado.