La Cámara del Crimen confirmó el rechazo como “querellante” de la Secretaría de Derechos Humanos en una causa en la que un oficial de la Policía Metropolitana está acusada por un supuesto caso de gatillo fácil.

El 7 de febrero pasado, en el interior del Parque Rivadavia, Sebastián Ezequiel Torres, agente de la Policía Metropolitana -quien cumplía funciones de prevención, uniformado-, fue abordado por tres personas.

El adolescente Roberto Claudio Autero “realizó pequeños golpes al vidrio del vehículo con un elemento similar a un revólver, ocasión en la que Torres extrajo su arma reglamentaria, que provocó que aquellos se dieran a la fuga”.

“Al descender Torres del automóvil, Autero habría detenido su marcha a unos 20/25 metros y presuntamente le habría apuntado con el elemento en cuestión, como consecuencia de lo cual Torres realizó un disparo que impactó en el cráneo del menor y le ocasionó la muerte”, describe el fallo.

Juan Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, pidió ser tenido como “parte querellante” ante “una futura responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Fresneda advirtió que “el caso constituía una grave afectación a Derechos Humanos, además de que la violencia que emerge del mismo ha generado una grave conmoción y alarma social que justificaba que se habilitara a dicho organismo a tener una legitimación activa en esta investigación”.

Pero los jueces Ricardo Pinto y Mariano Scotto replicaron que “la capacidad para querellar será de aquella ‘particularmente ofendida’, que resulta ser la persona directamente lesionada”.

En disidencia, la juez Mirta López González se había inclinado por aceptar a Fresneda como querellante.