Vecinos de la localidad catamarqueña de Andalgalá que desde hace casi un mes acampan frente al Palacio de Tribunales entregaron a la Corte Suprema una carta pidiendo que resuelvan un “reclamo contra la mega-minería contaminante, cuya actividad es promovida por los Gobiernos provincial y nacional”.

Los habitantes de Andalgalá denuncian que las condiciones de la explotación minera causó un incremento exponencial de los casos de cáncer a nivel local.

La carta, dirigida a los tres jueces de la Corte Suprema -Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda- apunta a una respuesta del máximo tribunal a una acción de amparo presentada hace seis años y que está desde hace tres a estudio del máximo tribunal.

El amparo reclama contra “el avance de diferentes proyectos mega-mineros que, sin contar con la licencia social y en manifiesto incumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley General de Ambiente, atentan directamente contra derechos humanos fundamentales como el derecho a gozar de un ambiente sano y el derecho a la salud”.

El escrito reclama también por “el derecho que tienen las generaciones futuras a un ambiente apto para el desarrollo humano”.

“En nuestra provincia se están llevando a cabo diversos trabajos en los yacimientos mega-mineros de Agua Rica, Cerro Atajo y Bajo el Durazno, sin que se haya dado la debida participación a la ciudadanía, dado que la Secretaría de Minería de la provincia no ha contestado ningún pedido de informe de los que hemos presentado”, sostiene la misiva.

A ello se agrega que el gobierno catamarqueño “ha suscripto a comienzos de este año un nuevo convenio con la empresa Yamana Gold, por el cual el Estado provincial le entrega por 40 años el control del yacimiento mega minero Agua Rica”.

Los firmantes de la nota integran la denominada “Asamblea del Algarrobo”, cuya conformación data de 2009, cuando “se hizo público la ilegal aprobación de la exploración y explotación del yacimiento mega minero”.