Se trata de una magistrada que está acusada de haber impedido el contacto de una madre de condición humilde con su hijo.

(Cuarto Intermedio – 10 de mayo de 2011)- Una jueza de menores de Tandil podría ser llevada a juicio político si prospera una denuncia presentada formalmente por la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia. Se trata de Silvia Inés Monserrat, titular del Juzgado de Familia del departamento judicial de Azul, con asiento en la ciudad de Tandil.La presentación, que fue remitida ahora a la secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento, denuncia irregularidades procesales en la causa 2650, caratulada como “N.N. s/ protección de Personas”, que tramitó en dicho juzgado, “vulnerando los Derechos reconocidos en la Convención del Niño”, según se afirma desde la Comisión.La magistrada es acusada por haber impedido el contacto de Rossana Benítez Parodi, una mujer de nacionalidad paraguaya, con su bebé recién nacido. Parodi, madre de 6 hijos, y viuda del padre de los 5 primeros, producto de su situación económica apremiante había considerado dar el bebé por nacer en adopción. Luego comunicó a la Justicia que no lo haría y posteriormente buscó asesoramiento para entregarlo a una familia de su misma nacionalidad, y con quien ella tenía relación desde años anteriores.“Al momento de buscar el camino legal para cumplimentar los trámites, la mujer no contó con la intervención necesaria del Asesor de menores, no se le brindó contención, ni acompañamiento”, se precisa en la denuncia.“El problema se origina cuando Parodi rectifica junto a la Secretaria de la Defensoría oficial, su voluntad de dar en adopción, hecho que le fue comunicado al juzgado que preside Monserrat, y a su vez, al hospital para que se efectivizara el alta médica. A pesar de esto, la jueza, de manera unilateral y sin darle intervención al asesor, ordenó la ‘guarda institucional’ del bebé dentro del área del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal Ramón Santamarina requiriendo que se separara al bebé de su madre, e impidiendo el contacto entre ambos, lo que de por sí, ya configuraría un delito tipificado en la ley penal 24.270”, según relata en un comunicado el titular de la Comisión Bicameral, el diputado Gabriel Villegas.“La magistrada abusa del poder de decidir, con omnipresencia y con tiranía”, señala la denuncia que hace hincapié en “la falta de intervención de los órganos que resultan ser competentes”. En tanto, relata además que el contacto se impidió “desde el mismo momento del último pujo de su madre al parirlo” y que al niño “se le arrebató en ese mismo instante la posibilidad de sentir el calor de su madre”.