Cuando la Cámara Nacional de Casación Penal dispuso liberar a represores de la última dictadura que llevaban más de tres años detenidos sin sentencia, el juez federal Sergio Torres -quien junto con su colega Daniel Rafecas aglutina la mayoría de las causas por violaciones a los derechos humanos en el ámbito porteño- resolvió que las excarcelaciones no serían baratas.

 (Cuarto Intermedio  – 29 de abril de 2009)- Así, dispuso  que Miguel Enrique Clements, procesado por secuestros y torturas seguidas de muerte en al menos nueve casos, y quien hasta abril de 2004 fue titular del Servicio de Hidrografía Naval, quedaría libre sólo si depositaba una caución (fianza) de un millón de pesos.Los abogados de Clements apelaron el monto y la Cámara Federal, con las firmas de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, contradijeron a Torres y, a buen entendedor pocas palabras bastan, lo reprendieron por su actitud.  “No se ha efectuado una valoración de los ingresos del encausado, los bienes que pudieren resultar de su propiedad, y/o su situación socio-económica y familiar que permita evaluar la razonabilidad del monto establecido”, le dijeron, al anular la resolución que fijaba el alto monto de la fianza.Torres deberá fijar ahora una nueva fianza: puede insistir en el millón de pesos, pero deberá justificarlo debidamente, y a riesgo de recibir un nuevo “sogazo” de sus superiores.