La ley que virtualmente derogó los delitos de “calumnias e injurias” para asuntos de “interés público” fue redactada por un equipo de asesores que responden fielmente al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Seguramente ninguno de ellos suponía que el propio Aníbal se iba a beneficiar con su puesta en vigencia. Sin embargo, así fue.   

(Cuarto Intermedio – 30 de mayo de 2011)- La Cámara de Casación ratificó el sobreseimiento del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, ante una querella que le formuló el intendente de la localidad bonaerense de Pergamino, el cobista Héctor “Cachi” Gutiérrez. Previo a las elecciones de junio del año 2009, Fernández se había hecho eco de una versión que vinculaba al intendente de Pergamino con la explotación de un prostíbulo e hizo tácita alusión a ella durante una emisión del programa “La Cornisa”. La imputación contra el intendente nunca fue probada, pero Gutiérrez fue “bajado” de las listas de candidatos a diputados nacionales y fue reemplazado por el intendente de San Pedro, Mario Barbieri. El intendente de Pergamino recurrió a la Cámara de Casación, pero la Sala Uno, integrada por los jueces Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, Juan Fégoli y Raúl Madueño, entendió que “lo expresado por Aníbal Fernández en el reportaje en cuestión refiere claramente a circunstancias relativas a la situación judicial y a las condiciones morales de un funcionario público. De tal suerte, el interés público comprometido en autos aparece innegable”. En este caso, más que nunca, Aníbal ganó en su ley.