El presidente de la Asociación de Magistrados se anotó en la lista de los que hacen fila para reclamarle beneficios sectoriales a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.        

(Cuarto Intermedio – 20 de diciembre de 2011)- En la cena de fin de años de la entidad, Cabral expresó que “el afianzamiento de la democracia y de los valores que la informan requiere respeto entre quienes ejercen los diferentes roles propios de la autoridad pública. Para ello resulta indispensable que las decisiones que se asumen desde el Poder Judicial sean acatadas y respetadas tanto por los particulares como por los demás Poderes del Estado. Las sentencias de los jueces constituyen actos de gobierno, igualmente valiosos que los de los otros poderes, y merecedores de la misma consideración al momento de su cumplimiento y crítica. Sólo la observancia incondicional de las decisiones judiciales garantizará la vigencia del Estado democrático de derecho, sin distinciones de ninguna especie y bajo el imperio directo y exclusivo de la Constitución y las leyes”.En el mismo tono, añadió: “La tarea de administrar justicia requiere un espacio propicio para su ejercicio, y por ello debemos insistir en la necesidad de contar con una verdadera autarquía financiera y administrativa, que permita desde sus cabezas al Poder Judicial y los Ministerios Públicos generar sus propias políticas de gobierno sin injerencia de voluntades ajenas a sus estructuras funcionales. En ese sentido, también se debe garantizar que las remuneraciones de quienes integran el servicio de justicia reflejen la elevada y delicada tarea que la ley les ha encomendado, siendo éste otro postulado que sólo puede ser satisfecho desde un férreo régimen de autonomía y autarquía”.El reclamo también apuntó al Consejo de la Magistratura, virtualmente dominado por el kirchnerismo: “debe cumplir con su obligación constitucional de asegurar la independencia de los jueces, absteniéndose de emplear los procedimientos disciplinarios y los dilatados tiempos de su trámite como estiletes en contra de los jueces que no resuelven del modo esperado. De igual manera debe garantizar concursos transparentes, eficientes y rápidos, que reconozcan en la idoneidad del postulante el único mérito legítimo a tener en consideración”.