Pasó prácticamente inadvertida la noticia que indica que los dos responsables del penal de Magdalena y 15 agentes penitenciarios serán juzgados por sus presuntas responsabilidades en un incendio en esa cárcel que causó la muerte de 33 presos en 2005.         

(Cuarto Intermedio – 22 de diciembre de 2011)- La decisión la adoptó la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal bonaerense, que resolvió mandar a juicio al  director del penal, Daniel Oscar Tejeda; al jefe de Seguridad Exterior, Cristian Alberto Rubén Núñez, y a 15 integrantes del Servicio Penitenciario provincial. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), representantes de las familias de las víctimas, motorizaron la resolución y también la “movieron” entre los medios. Pero el escaso rebote parece haber respondido a una directiva emanada del gobierno de Daniel Scioli, que pretende bajarle el perfil al asunto, que es -ni más, ni menos- que un caso múltiple de “gatillo fácil” pero sin balas y con agente penitenciarios como protagonistas. Junto con los responsables del penal, serán juzgados también los agentes penitenciarios Reymundo Héctor Fernández, Jorge Marti, María del Rosario Roma, Marcelo Valdiviezo, Juan Zaccheo, Guadalberto Darío Molina, Juan Emilio Santamaría, Juan César Romano, Marcos David Sánchez, Eduardo Gabriel Villarreal, Mauricio Alejandro Giannobile, Gustavo Pérez, Carlos Augusto Busto, Rubén Alejandro Montes de Oca y Maximiliano Morcella.  Todos están imputados por los hechos ocurridos el 15 de octubre de 2005, cuando agentes penitenciarios dispararon balas de goma para aplacar una reyerta entre reos en la Unidad Número 28 del penal. En ese contexto estalló un incendio en el fondo del pabellón, y si bien los reclusos que estaban más cerca de la salida pudieron escapar de las llamas, los ubicados en la parte posterior quedaron expuestos a los gases de poliuretano que despidió la combustión de los colchones.