La ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, está furiosa a dos puntas: Con el comandante de Gendarmería Nacional, Héctor Schenone, por responder más de lo que se le preguntó, y con el juez Norberto Oyarbide, por incitar al máximo gendarme a la autoincriminación.

Más allá de todos lo que se dijo hasta ahora sobre el “Proyecto X”, lo cierto es que hasta ahora ni Gendarmería, como institución, ni ninguno de sus integrantes, como individuo, fueron llamados a declarar en la causa denunciada por organismos defensores de derechos humanos y partidos de ultraizquierda.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Norberto Oyarbide le preguntó a Gendarmería si existía un programa de investigación montado por la fuerza sobre protestas sindicales. En términos formales, es como si alguien hubiera acusado a una persona de homicidio, y el juez le hubiera enviado un pedido de informes para saber si mató o no a la persona fallecida.

Y la respuesta de Schenone, reconociendo la existencia de una “base de datos”, terminó siendo poco menos que una confesión ficta de la existencia de una irregularidad.

Por eso Garré no tuvo otro remedio que barrer con la gran parte de la cúpula de la Gendarmería y empezar a tejer malabares para explicar lo inexplicable.

Su continuidad al frente del Ministerio está seriamente comprometida y fuentes cercanas al gobierno aseguran que si aún no fue eyectada es porque no hay ningún “Plan B” para sucederla.