La causa por la privación ilegal de la libertad y posterior muerte de Walter Bulacio, en 1991 en el contexto de un recital de los Redonditos de Ricota, sufrió una nueva postergación, probablemente la millonésima desde que hace 21 años se inició el expediente.

Esta vez, el abogado del ex comisario Miguel Angel Espósito -único imputado en la causa y no por homicidio, sino por la detención ilegal de Bulacio-, consiguió que dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal se apartaran de la investigación. Se trata de Liliana Catucci y Pedro David, actual presidente del máximo tribunal penal del país.

Ocurre que ambos eran jueces en otras instancias cuando se produjo el episodio Bulacio. Y por sus funciones, debieron haber sabido que existía por entonces un elemento denominado “Memorando 40”, que permitía a la Policía Federal detener a menores de edad sin causa, sin darle intervención a un juez, y entregarlos a sus padres.

Después de Bulacio, ese memorando fue declarado inconstitucional y se dejó de aplicar. En realidad, se lo intentó reemplazar por otro similar pero más tenue, y también se lo pulverizó por el peso de la realidad.

Espósito, a través del abogado Pablo Argibay Molina, les recordó a Catucci y David que no podían participar en el expediente porque probablemente en algún momento se les podría requerir que declaren como testigos.

El juicio oral debió haber comenzado en agosto del año pasado. Nadie puede predecir cuándo efectivamente comenzará.