Contragolpeó la Fundación Felices los Niños, y mientras el cura Julio Grassi permanece en libertad pese a la condena en su contra, embistió contra la jueza y el defensor de menores que impulsaron el desalojo del hogar San José Obrero, en el barrio porteño de Colegiales.  

 (Cuarto Intermedio  – 1 de julio de 2009)- El juez de instrucción Juan Ramos Padilla notificó a la jueza civil Myriam Rustán de Estrada y al defensor de menores Marcelo Jalil que “tienen derecho de presentarse ante el tribunal personalmente con sus abogados de confianza para formular aclaraciones en cuanto a los hechos”. Y advirtió que “resulta indispensable contar con las actuaciones civiles y toda la documentación vinculada. Por ello, habré de dictar una resolución por separado de modo de obtener las mismas a los efectos de vista y prueba”. ¿Una orden de allanamiento para secuestrar el expediente?

La decisión de Ramos Padilla se basó sobre la declaración del subcomisario de la seccional 37, Rubén Miño, quien “dijo que trató de hacerle entender que la situación era grave y podía ocurrir una catástrofe, insistiendo la jueza en que se reprimiera a los chicos”.

Ramos Padilla no se animó aún a llamar a la jueza a “indagatoria”. La invitó a formular su descargo, en lo que en el antiguo Código Penal se conocía como “declaración espontánea”.

La jueza Rustán de Estrada ya respondió que si Ramos Padilla insiste, lo denunciará ante la Cámara del Crimen, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia.La pelea de fondo todavía no comenzó.