Se trata del juicio por las aberraciones cometidas durante la última dictadura en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA; el cuarto juicio por esos hechos, con imputados y situaciones diferentes cada vez.

Uno de los imputados,  Ramón Roque Zanabria, acusado junto a otros represores por 805 casos de violaciones a los derechos humanos, no pudo precisar un dato durante su indagatoria, por lo que le fue ofrecido reconocer una firma en una fotocopia de un documento.

El documento original existe, pero en el momento en que era necesario exhibirlo no estaba en la sala de audiencias. El tribunal le preguntó al fiscal si le bastaba con que se mostrara la fotocopia y Crous dijo que una fotocopia no podía ser tomada con valor probatorio y que era necesario el documento auténtico.

Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Gabriela López Iñíguez admitieron el reparo y descartaron la fotocopia como elemento de prueba, pero postergaron el trámite procesal hasta la próxima audiencia, cuando deberá ser exhibido el original.

Si ello no ocurriera, la prueba se caería.