Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi consideraron que “el conjunto de condiciones objetivas y particulares del imputado vislumbran un riesgo procesal suficiente que justifica la necesidad de mantener la medida restrictiva de la libertad, a los efectos de asegurar la debida concreción del proceso judicial”.

Cortez está sospechado de haber hecho circular dinero presuntamente ilegal por cuentas offshore en paraísos fiscales vinculadas -directamente o a través de empresas fantasma- con Muñoz.