La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires le pidió al Ejecutivo nacional que se modifique la Ley de Certificado Único de Discapacidad (C.U.D) para aquellos casos con discapacidades permanentes e irreversibles.
“Resulta indispensable la eliminación por parte del Estado de la exigencia de renovación del C.U.D en los casos de discapacidades permanentes e irreversibles, sin perjuicio de los controles periódicos que puedan exigir las Juntas Evaluadoras. Las desventajas sociales que sufren las personas con Síndrome de Down no deben abordarse a partir de la buena voluntad de otras personas o de los gobiernos. Se debe encarar y modificar los aspectos estructurales, porque esas desventajas son violatorias del goce y ejercicio de sus derechos humanos”, expresó al respecto el Defensor Adjunto bonaerense, Walter Martello.
Asimismo, desde el organismo provincial le recomendaron al Gobierno que se guíe con lo que marca la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En efecto, la norma internacional indica que las personas con Síndrome de Down deben gozar de los derechos humanos en igualdad de condiciones, y que no deben ser objeto de políticas caritativas o asistenciales ya que son sujetos de derechos humanos.
Es por ello que para la Defensoría, el C.U.D va en contra del espíritu de esa norma ya que somete a las personas con discapacidad y a su grupo familiar a la realización de “engorrosos” y “burocráticos” trámites al momento de solicitar la renovación del certificado.
“Acreditada la discapacidad permanente e irreversible del afectado, el certificado se expedirá por única vez y de forma definitiva, y deberá consignarse en el mismo su fecha de emisión”, propuso Martello.
