Los beneficiados llegaron a juicio después de 15 años de trámite procesal, acusados de defraudación en perjuicio de la administración pública.

Los ex interventores desempeñaron sus funciones entre el 6 de abril de 1999 y el 10 de febrero de 2003. En las etapas anteriores del proceso fueron responsabilizados por violar “los deberes que tenía a su cargo en el manejo y administración de interés pecuniarios ajenos, ocasionando un perjuicio al patrimonio tutelado, a sabiendas de su proceder”.

La PPP fue un mecanismo utilizado a modo de compensación en las políticas de privatización implementadas por el gobierno de Carlos Menem entre 1989 y 1999. La privatizadora de ENTel fue la ex polifuncionaria María Julia Alsogaray quien murió condenada, entre otros casos, por ese procedimiento.

Cuando una parte de la compañía pasó a manos de Telefónica se creó el programa de propiedad participada, que entró en proceso de liquidación y fue en esa instancia cuando el Gobierno designó a sus interventores, ahora absueltos por las supuestas irregularidades en el manejo de los fondos.