“No estoy dispuesto a volver a encontrarme con el detenido si viniera luego como imputado por un homicidio en ocasión de robo, y tener que dar nuevamente explicaciones a los familiares de quien podría resultar su víctima”.

(Cuarto Intermedio  – 4 de agosto de 2009)- La afirmación está contenida en una sentencia en la que el juez de instrucción Juan Ramos Padilla le rechazó la excarcelación a un procesado que tiene 15 causas penales por delitos violentos pero pidió su libertad amparándose en el “principio de inocencia” y en un fallo plenario de la Cámara de Casación.

“Como juez me toca conocer los hechos de violencia que diariamente ocurren y no puedo dejar de sensibilizarme cuando los parientes de las víctimas de los hechos de violencia concurren a los tribunales a reclamar la entrega de su hijo, su hermano o su padre, cuando los jueces ya han ordenado la libertad del agresor… los hechos de violencia que se cometen diariamente, que son motivo de preocupación constante en la sociedad”.

Pese a su historia garantista (militó en organizaciones defensoras de los derechos humanos), el juez se enfrentó con los denominados “jueces de la puerta giratoria” y les achacó: “he visto otras excarcelaciones que también con fundamentos jurídicos brillantes, que generan discusiones académicas y publicaciones en revistas de la  especialidad, en donde se libera rápidamente a personas que han cometido delitos como el de violación, abuso sexual agravado. No puedo hacer una crítica generalizada especto de los colegas, que seguramente tienen en cuenta el déficit de los institutos carcelarios, la falta de recursos del Poder Judicial, el exceso de trabajo, las deficiencias de algunas leyes, y se hacen cargo de situaciones que, en definitiva, corresponden incluso a otros poderes del Estado”.

“No se me escapan tampoco los problemas sociales que existen en nuestro país, pues veo que una gran parte de la población carcelaria ha padecido en su niñez la desnutrición y los problemas derivados de la droga, especialmente el paco, que los torna violentos, sin que se adopten los recaudos necesarios para evitar este flagelo que luego se revierte en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Pero vuelvo a insistir que las soluciones a estos problemas corresponden al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Yo asumo la responsabilidad propia de un juez de la Nación, de modo que cada uno -insisto- se haga cargo de sus propias responsabilidades”, sintetizó su postura.