«La Ley 10.110 fue un gran negocio para la empresa privada Grababus SRL y un gran perjuicio para los habitantes de la provincia de Córdoba, en especial para sus bolsillos, y para su confianza en el gobierno y sus funcionarios”, señaló el legislador cordobés.

Bee Sellares recordó que “se entregó un negocio multimillonario a una empresa privada: se llevaba el 90% de lo recaudado y el Estado provincial el 10%».

«No podemos correr el riesgo de que el Estado provincial, luego de esta transición, decida nuevamente entregar la concesión a otra empresa privada para continuar con este negocio que tiene claros fines recaudatorios, pero no para el Estado, sino para empresas privadas».

Para el legislador radical, “no hay certezas sobre cómo continuará la concesión del controvertido y tan criticado sistema de grabado indeleble. No podemos asignar más a los ciudadanos que carguen y paguen las consecuencias de los errores del Gobierno provincial, ni condenarlos indefinidamente a soportarlos».