Con las modificaciones, el gobierno de Córdoba estima bajar a 6.500 millones de pesos el rojo previsional, de los cuales se haría cargo de 3.500 millones y los 3.000 restantes, el Gobierno nacional.

“Los cambios en la legislación contribuirán a abordar los enormes desafíos que plantea la tendencia al empeoramiento en los parámetros de sostenibilidad que proyecta el estudio actuarial de la Caja”, fue el eje de los fundamentos del proyecto que fue cuestionado desde la oposición política y el sindicalismo.

Entre los principales puntos, las modificaciones implicarán fijar un monto de pensión como el equivalente al 70% de la jubilación del causante, en lugar del 75% actual, en línea con la normativa nacional.

El texto añade que todas las jubilaciones se calcularán como el 82% del sueldo neto del aporte personal.

Las modificaciones también igualan el régimen de magistrados con el previsto a nivel nacional, elevándose la edad jubilatoria de los jueces de 60 a 65 años.

En cuanto a las pensiones, extiende el plazo de cobertura de la pensión de las y los hijas e hijos que estudien, hasta la edad de 23 años (con la actual legislación el beneficio se suspende cuando el hijo cumple 18 años).

También dispone el aumento de la jubilación mínima a 17.000 pesos y se garantiza que ningún jubilado cordobés que tenga un solo ingreso cobre menos de 25.000 pesos.