La Cámara del Crimen declaró “prescripta” una causa penal en la que se investigaban presuntas maniobras defraudatorias del grupo empresario español Marsans por supuesta defraudación en perjuicio de Aerolíneas Argentinas. 

(Cuarto Intermedio – 22 de septiembre de 2009) – Se trata de una causa en la que estaban imputados Antonio Mata Ramayo, Héctor Alonso, Diego Pablo Fargosi, Luis Lúpori, Gonzalo Arias, Horacio Fargosi, Gerardo Ferrán, Nilo Eduardo Díaz, Carlos Mateu, Rubén Segal y Gustavo Urtubey, por supuesta “administración fraudulenta”. Estaba bajo investigación una supuesta “afirmación falsa en el balance de Aerolíneas Argentinas 2001, consistente en la capitalización de 1.238 millones de pesos, supuestamente aportados en 2001 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales del Gobierno de España (S.E.P.I.) que, en realidad, se trataba de meros asientos contables entre dicha sociedad y la firma Air Comet, responsable del gerenciamiento de Aerolíneas”. “Con su aprobación, el Estado Nacional, al no poder responder a tal capitalización, tendría menos del 2 por ciento del capital accionario exigido por ley para pedir información y efectuar denuncias ante la Sindicatura, transformándose así en un simple accionista pasivo a merced de los accionistas españoles”. En el expediente también se investigaba “la entrega de dinero por la suma de U$S 758 millones que habría realizado la S.E.P.I. a Air Comet -empresa controlante de “Interinvest S.A.” que resulta a su vez ser controlante de Aerolíneas Argentinas S.A.- que debían destinarse para cubrir pasivos, cosa que no ocurrió”. Los jueces Mario Filozof y María Laura Garrigós de Rébori, pese a la disidencia de Gustavo Bruzzone, resolvieron “declarar extinguida la acción penal por prescripción”. El fiscal de Cámara Fabián Céliz resistió la medida mediante un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal, ante la que subrayó que “ninguno de los imputados se encuentra privado de libertad” y descartó que la tramitación de la causa hubiera tenido un tiempo exageradamente largo.Ahora la decisión está en manos del máximo tribunal penal del país.