El proyecto fue elaborado en forma conjunta por el Poder Ejecutivo provincial y el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas, y presentado el pasado 22 de julio.

Voceros oficiales explicaron que el objetivo de la iniciativa es “promocionar y garantizar el acceso al empleo de personas víctimas de trata y explotación en sus distintas modalidades, reconocidas por autoridad judicial o administrativa”.

A su vez, indicaron que el proyecto prevé “incentivos económicos destinado a aquellas personas o empresas que contraten a victimas rescatadas de este flagelo que consiste en el reintegro por parte de la provincia de las cargas sociales que le corresponden ingresar al empleador/a por ese trabajador/as”.

También, señalaron que se contemplan pasantías laborales “con preferencia para aquellas personas que tengan hijos” que incluyen becas totales o parciales de trabajo con instituciones privadas que durarán un año o dos como máximo, cuyo salario no podrá ser inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para llevar adelante estas acciones, el proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación será la Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad que depende del Ministerio de Gobierno de Justicia y Derechos Humanos conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social y Deportes y el Ministerio de Industria y Comercio y Empleo.