El Presidente Alberto Fernández encabezó en la Casa de Gobierno de Tucumán la entrega de 100 patrulleros y la firma de un convenio de colaboración para la construcción de dos alcaidías por casi $600 millones.
“Hay un tiempo de la Argentina que, de una vez y para siempre, tenemos que inaugurar y es el tiempo de trabajar unidos, de trabajar juntos. Ya tuvimos demasiados años para pelearnos y marcar diferencias”, sostuvo el Jefe de Estado durante el acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador local, Osvaldo Jaldo; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, entre otros funcionarios, intendentes, legisladores y miembros de la Justicia provincial.
En esa línea, afirmó que se está viviendo un momento bisagra en la Argentina, razón por la cual convocó a unirse para resolver los problemas, dado que todo tiene sentido en la política si se hace para mejorar las condiciones de vida de la gente. “Empezamos una etapa donde los encuentros deben ser lo corriente y no lo excepcional. Hemos venido con un fin muy específico, que es ayudar a resolver un problema que existe y sigue siendo un problema para millones de argentinos”, enfatizó.
Por último, Fernández consideró que la seguridad no tiene ideologías, y que no es un problema de derecha o de izquierda, sino que es de los ciudadanos y deben resolverlo. “El primer modo es prestigiando a nuestras fuerzas, a las provinciales y las federales. El crimen organizado es el narcotráfico, es la trata de personas, y contra eso las fuerzas federales deben trabajar mancomunadamente con las fuerzas de cada lugar de la Patria”, agregó.
De acuerdo a lo informado oficialmente, la rúbrica de los convenios posibilitará el inicio de las obras de construcción de las alcaidías en las localidades tucumanas de Río Seco, en el centro-sur de la provincia, y Delfín Gallo, ubicada a 10 kilómetros de la capital provincial.
Los trabajos, por su parte, se enmarcan en el “Programa de Asistencia para la Seguridad” que tiene como objetivos principales fortalecer las instituciones del sistema de seguridad interior; y crear espacios físicos adecuados para garantizar la custodia de las personas detenidas, respetando sus derechos y resguardando su salud física y mental.