En lo que será la última sesión del año, el oficialismo logró contar con el apoyo opositor para convertir en ley los cambios en la estructura de la Procuración y en la Ley de Jury. Además, se aprobará el proyecto de Juicios por Jurados. En el Senado, tendrá sanción el límite a las excarcelaciones.
En una intensa jornada de sesiones simultáneas con la que cerrará la actividad del año, la Legislatura bonaerense sancionará tres proyectos del paquete de reformas judiciales impulsados por el gobierno provincial y los bloques oficialistas, que lograron conseguir apoyo opositor para convertir en ley las modificaciones a la estructura y el funcionamiento interno de la Procuración General de la Suprema Corte y los cambios al proceso de enjuiciamiento a magistrados.
Las dos iniciativas cuentan con amplio respaldo de la oposición, a diferencia de lo que ocurrió con el proyecto de reformas para el Consejo de la Magistratura, que se aprobó en el Senado sólo con los votos del Frente para la Vitoria (FpV). En medio de fuertes cuestionamientos del Poder Judicial y los colegios profesionales, el oficialismo prefirió postergar su tratamiento para el próximo año.
Tanto la reforma de la Procuración como los cambios en el proceso de juicios políticos ya fueron votadas en la Cámara Alta y giradas a Diputados, que les dará sanción hoy en una sesión en la que también está previsto que se apruebe el proyecto que dispone la implementación del mecanismo de Juicios por Jurados en la Provincia de Buenos Aires, que también cuenta con apoyo de todos los bloques opositores.
El proyecto de Juicios por Jurados pone en marcha ese mecanismo en su formato “tradicional”, es decir, con cuerpos integrados sólo por ciudadanos “comunes” sin presencia de expertos. Los 12 integrantes de los jurados, que no deberán tener ninguna formación jurídica, serán designados a través de un sorteo para el que se tomará como base el padrón electoral.
En cuanto a la reforma de la Procuración, la iniciativa dispone que el Ministerio Público seguirá encabezado por el procurador general, pero la estructura se dividirá en Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, áreas que se definen como “funcionalmente autónomas”.
En ese marco, se mantienen las figuras del procurador general y el subprocurador general de la Suprema Corte, el primero de los cuales tendrá a su cargo sólo a los fiscales (actualmente también dependen de él los defensores). Y además se crea el cargo de defensor general y subdefensor general, bajo el principio de “autonomía de la Defensa”, que gozará de “autonomía funcional, independencia técnica y autarquía financiera”.
Finalmente, según adelantaron fuentes legslativas, se sancionará el proyecto que modifica le ley de jury para acelerar los procesos abiertos contra magistrados, y que contiene la polémica figura del “apartamiento preventivo”.
En tanto, en el Senado está previsto que se convierta en ley el proyecto impulsado por Scioli que limita el beneficio de las excarcelaciones para quienes sean detenidos con armas ilegales, entre otras figuras, y la adhesión de la Provincia al voto a partir de los 16 años.
