Cuando la Presidenta, Cristina Fernández, apostrofa a la oposición, en especial a los resabios de la Alianza UCR-Frepaso porque rebajaron en un 13 por ciento los sueldos de los empleados públicos y los jubilados, omite mirar a uno de sus actuales aliados tácitos, el cordobés José Manuel De la Sota, quien también lo hizo cuando gobernó su provincia, aunque sólo parcialmente.

(Cuarto Intermedio – 26 de febrero de 2010)- El correctivo parece provenir de la Justicia, ya que la Procuración General de la Nación tachó de “inconstitucional” aquella medida del gobierno cordobés, adoptada en 2001 para los jubilados del poder legislativo local. Un dictamen firmado por la procuradora adjunta Marta Beiró ante el reclamo de cuatro jubilados del Poder Legislativo cordobés, quienes sufrieron un recorte de haberes del 30 por ciento, consideró que “el descuento operado supera los porcentajes de recortes tolerados históricamente por el Tribunal”. Aclaró que, además de esa quita, había una anterior de 1995 por el 18 por ciento, y después, además, la devaluación de principios de 2002.

La procuradora recordó que el recorte de haberes fue anterior “a la declaración de la emergencia del sector público local verificada por el decreto nº 2.656/01”, por lo que determinó que “sin apoyo en una emergencia estricta, vino a privarse a los actores de manera definitiva, de un porcentaje muy relevante de su haber de retiro”.

La Corte Suprema de Justicia debe pronunciarse ahora sobre la cuestión, y en caso de coincidir con la Procuración, los jubilados que vieron achicados sus salarios recuperarán todo el dinero. La pregunta es… ¿de dónde sacará la provincia de Córdoba los fondos para pagarles?