El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, se presentó ante las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para mantener una reunión informativa sobre modificación al Código Procesal Penal local impulsado por el Poder Ejecutivo.
En ese marco, el funcionario explicó que el objetivo es que la ley se cumpla y haya seguridad, garantizando los derechos humanos y la constitucionalidad. A la vez, precisó que las modificaciones presentadas se basan en tres ejes: el primero prevé la obligación para los jueces penales de comunicar a la Dirección de Migraciones sobre el dictado de ciertos actos procesales sobre personas extranjeras; el segundo incorporar normas especiales concernientes a los allanamientos en urgencia, requisas y secuestro de bienes procedentes de delitos; y el tercero la figura de “reiterancia” delictiva.
En relación a este último punto, se profundizó sobre la importancia de incluir el concepto de la “reiterancia”, que implica el de poder darle una herramienta a los jueces para que aquella persona que vuelva a cometer un delito, en lugar de que atraviese el proceso en libertad, lo haga en la cárcel.
Tras las consultas de rigor formuladas por los distintos diputados, Tapia respondió a cada una de ellas, tomando en sus desarrollos algunas experiencias de diferentes provincias del país que ya cuentan con la “reiterancia”.
Cabe señalar que el concepto de “reiterancia” es más estricto que el de “reincidencia” que rige en la actualidad, dado que con la “reiterancia” se busca que un delincuente espere el juicio preso. La reincidencia, en cambio, habilita la posibilidad de que el delincuente permanezca en libertad durante el proceso judicial (que puede llegar a durar años), con la posibilidad de seguir delinquiendo.
Por tanto, desde el Ejecutivo porteño señalaron que esta modificación tiene por objetivo evitar la llamada “puerta giratoria”, que hace que un delincuente entre por una puerta y salga por la otra, con la chance de volver a delinquir (en efecto, las provincias que ya aplican el concepto de “reiterancia” en sus códigos procesales son Mendoza, Tucumán, Chubut y Formosa).