El juez de instrucción Juan Ramos Padilla advirtió que desde el propio Poder Judicial existe una maniobra para quitarle la causa en la que investiga un supuesto mecanismo de corrupción en la Policía Federal para brindar asistencia judicial y cobertura a uniformados complicados en causas judiciales.

Ramos Padilla tiene a su cargo una causa en la que aparece investigado el ex titular de Asuntos Jurídicos de la Federal, el comisario Marcelo Pecorelli, pasado a disponibilidad y denunciado por el Ministerio de Seguridad, por una serie de delitos que van desde las negociaciones incompatibles con la función pública hasta la asociación ilícita.

Pecorelli pidió, y le fue concedida, una exención de prisión, ante la eventualidad de que el juez dispusiera su arresto.

Ramos Padilla consiguió acreditar una serie de situaciones que parecen comprometer al comisario, quien habría brindado cobertura judicial a policías sospechados de casos de “gatillo fácil” y otras irregularidades en el ejercicio de sus funciones, y habría derivado hacia su estudio particular de abogado otras denuncias que no podían ser atendidas por el servicio jurídico de la fuerza.

En esos casos aparece una causa por “amenazas” contra el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, y expedientes de alto impacto mediático como la causa Cromañón, el homicidio de Mariano Ferreyra y la represión del 20 y 21 de diciembre de 2001.

“No voy a hablar de la causa porque está bajo secreto de sumario. Pero sí quiero expresar que veo movimientos extraños para apartarme de la investigación”, dijo el juez. No obstante, alertó sobre una supuesta intención de apartarlo de la investigación, y si bien se negó a identificar a quienes estarían detrás de ese objetivo, un juez federal y fiscales se interesaron personalmente en los últimos días en la causa.

Pecorelli se desempeñó como subdirector de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal y “se le atribuye pedir sumas de dinero a cambio de que la dirección en la que se desempeñaba representara al personal policial en causas penales en las que se encontrasen imputados”.

“A cambio de esa suma de dinero, el comisario Pecorelli, abusando de su cargo, encuadraría el hecho como realizado ‘en y por actos de servicios’, requisito indispensable para que la División de Asuntos Jurídicos policial asuma la representación del personal, independientemente de que el acto haya sido realizado o no en ejercicio de las funciones o del cumplimiento de los deberes y obligaciones del estado policial, conforme se desprende de la normativa legal prevista a tal efecto”, se lee en el expediente.

La denuncia, firmada por la viceministra de Seguridad, Cristina Camaño Iglesias Paiz, reseña que Pecorelli -quien además de policía es abogado- “derivaba a su estudio jurídico particular todas las causas que no encuadrarían en aquellas que podían ser patrocinadas por la División Asuntos Jurídicos”.