La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que durante la primera semana del Sistema de Evaluación Pública (SEP), el 96,3% de los exámenes ya fueron aprobados, razón por la cual exigió su pase a planta permanente.

“Al Gobierno le salió el tiro por la culata. Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023. Fracasaron en este intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público”, manifestó al respecto el Secretario General del gremio, Rodolfo Aguiar.

En esa línea destacó que, tal como era de esperarse, todos los exámenes están siendo aprobados por los agentes y según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad. Por lo tanto, insistió que debe ponerse a los trabajadores en ejercicio del derecho constitucional de estabilidad y tienen que ser incorporados en la planta permanente del Estado.

Desde el gremio, en tanto, informaron que 4.156 agentes rindieron sus exámenes en esta primera semana en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), siendo más del 10% del universo que el Gobierno pretende evaluar (de ese total, 4.002 fueron aprobados).

Además y en el caso del escalafón de servicios generales, el porcentaje de aprobados fue más elevado y llegó al 98%, a la vez que se estima que para esta nueva semana serán más de 5.000 los exámenes tomados y el Gobierno abrirá una nueva tanda de inscripciones debido a la alta cantidad de trabajadores que ya se anotaron para rendir entre diciembre y enero (más de 30.000 hasta el momento).

“La ilegalidad de este sistema de evaluación pública es manifiesta. Aún así, tenemos que destacar el compromiso de nuestro sindicato ya que desde el primer instante los dirigentes y los delegados decidieron estar junto a los trabajadores y acompañar este proceso con cursos de formación y clases de estudio, de apoyo y de repaso”, agregó el dirigente, quien consideró que después de esta instancia se tiene que empezar a pensar que tiene que ser evaluado todo el Gabinete.

“Tenemos que establecer un mecanismo que nos permita tomarle exámenes y dejar en evidencia por su incapacidad de gestión desde los directores hasta los secretarios, subsecretarios y ministros, todos aquellos cargos que no sean electivos”, completó Aguiar.