La flamante ley de “Ficha Limpia” de Córdoba, que fue aprobada en diciembre pasado por 65 legisladores del oficialismo y de la oposición en la Legislatura, impide que personas con condena judicial en segunda instancia puedan ser candidatos a cargos electivos o puestos en el Ejecutivo.

“No pueden ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales, municipales o comunales, ni a cargos partidarios, las personas condenadas a penas privativas de la libertad de ejecución efectiva o a pena de inhabilitación principal o accesoria, por delitos dolosos de cualquier naturaleza”, reza el texto de la norma.

Cabe señalar, además, que la medida alcanza a delitos previstos en el Código Penal de la Nación o en leyes especiales, en virtud de sentencias dictadas por tribunales del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, así como también por Tribunales Nacionales, Federales o de otras jurisdicciones.

Al respecto, el gobernador Martín Llaryora destacó que esta ley habla de la transparencia, promueve la ética y garantiza que quienes aspiran al servicio público cumplan con los más altos estándares de integridad. “En Córdoba seguimos demostrando que podemos trabajar juntos, más allá de las diferencias ideológicas y partidarias teniendo como norte la construcción de una política más justa y honesta por el bien de todos los cordobeses”, celebró el mandatario a través de su cuenta de X.

De esta manera, entonces, entró en vigencia la ley que había surgido a partir de tres iniciativas presentadas por legisladoras de distintos bloques políticos.